Responsabilidad extendida del productor, la ley que se viene

Si sale la nueva ley, quienes pongan productos electrónicos en el mercado deberán hacerse cargo de los residuos generados.

Ignoramos qué hacer cuando queremos deshacernos de un par de pilas o de un televisor viejo, es verdad, pero al menos ya hay un nombre para lo que por ahora es el borrador de un proyecto de ley, cuya implementación promete ser tan larga y compleja como el propio título que lo presenta: ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los residuos mediante la responsabilidad extendida del productor.

La matriz de estas páginas se ubica en la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental (a cargo del ingeniero Thierry Decoud), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

El eje sobre el que gira el proyecto es cargar la responsabilidad -financiera y/o física- del destino de los productos, luego de su consumo, sobre los hombros de los fabricantes e importadores que los hicieron llegar al mercado. A los expertos en temas ambientales les gusta hablar de “gestión de los residuos”. Y es previsible que todo el asunto causará poca gracia a varios protagonistas del sector.

Se entiende… antes los fabricantes e importadores lanzaban al mercado una multiprocesadora, por ejemplo. Alguien la compraba, le daba uso y cuando se rompía la tiraba a la basura. Ahora, si la normativa se asienta, los productores deberán encarar un novedoso y enorme desafío que puede describirse con una expresión brutal: ocuparse del muerto.

María Candela Nassi es asesora y experta en este rubro, y trabaja en la secretaría de Control y Monitoreo Ambiental. Explicó que “precisamente porque hay un vacío legal es que el secretario Decoud solicitó trabajar en esta ley, pero también en otras dos que son igualmente importantes: la ley de presupuestos mínimos de sitios contaminados y la ley de presupuestos mínimos de residuos peligrosos”.

¿Qué dirán de esto los fabricantes e importadores? Según Nassi, “el paquete normativo fue sometido a consideración del sector y de distintas autoridades en el tema. Sentimos que hay apoyo del sector regulado, dado que la existencia de una ley de este tipo les dará seguridad jurídica sobre cómo llevar adelante estos modelos de responsabilidad extendida”.

La experta da más detalles: “La idea es enviar el proyecto de ley al Congreso este año… no sabemos bien en qué mes, pero nuestra intención es presentarlo durante el primer semestre”.

Todo suena bien, pero gratis no va a ser. Más allá de que las autoridades estén evaluando estrategias para minimizar y hasta solventar los gastos extra que se les generen a los productores, se deduce que al consumidor le tocará poner su parte.

Sin embargo, una vez implementada la ley, en una segunda etapa, está la esperanza de que se haya echado a andar una rueda lo suficientemente eficaz como para servir de incentivo.

Así, se presume que si los productores se ven obligados a gestionar la etapa final de los productos que ponen a la venta, intentarán lógicamente abaratar costos mejorando los diseños y los procesos de fabricación, en pos de la reutilización de los materiales. Esta es una de las grandes metas de todo el proyecto.

“Hay que aclarar que la ley no se dio de la noche a la mañana. Vinimos armando mesas de trabajo con el sector regulado para delinear cómo sería el sistema de gestión. De hecho, muchas empresas que están en nuestro país ya están aplicando estos mecanismos en el exterior”, apunta Nassi, y describe: “Como referencia tomamos experiencias europeas, y también de la región, de países como Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, que ya tienen leyes de responsabilidad extendida del productor”.

Quizás los fabricantes y consumidores argentinos deban dejar para el diván la resignificación de ese plus económico que les tocará poner.

Hasta ahora lo venía pagando el medio ambiente.

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