Reacciones tardías frente el caos legal en agroquímicos

Si se dejan de controlar los insectos no hay agricultura viable y posible, entonces se debería comenzar a borrar del mapa productivo al partido de Ramallo y sus 90.168 hectáreas. Y, por supuesto, a la gran mayoría de sus productores que quedan fuera de la cancha. Fue suficiente que quince concejales de ese partido levantaran la mano para aprobar por unanimidad la ordenanza que establece la prohibición absoluta de aplicar los productos agroquímicos ubicados en las bandas de toxicidad Roja, Azul y Amarilla, las fumigaciones aéreas y también las terrestres en un radio de hasta 300 metros de las zonas urbanizadas.

¿Cómo se llegó a semejante desatino? Además del fundamentalismo que practican grupos radicalizados de ambientalistas y de la ignorancia de los concejales de Ramallo que compraron las calamidades que generan los agricultores a la naturaleza y a sus vecinos con el uso de los «agrotóxicos», buena parte de la responsabilidad la tiene la falta de reflejos y participación de los productores del partido. Dos datos: la desaparición productiva del partido de Ramallo con la promulgación de la ordenanza municipal ocurrió a fines de marzo, pero los productores recién se desayunaron la semana pasada.

Como si en el tiempo de cosecha se hubieran mantenido fuera del mundo. Luego de algunas reuniones de esclarecimiento, recién este martes se movilizaron y protestaron en el Concejo Deliberante. Les dijeron a algunos concejales y funcionarios de la municipalidad que la norma es inaplicable y alertaron sobre las graves consecuencias económicas que generará la nueva reglamentación. Pero el segundo dato que demuestra la falta de participación de los productores fue la ausencia, salvo alguna honrosa excepción, en las diez audiencias públicas que se efectuaron antes de la aprobación de la ordenanza. «Durante el debate público, se escuchó una sola campana», afirmaba Walter Ariel Santalla, intendente de Ramallo, dejando en claro la diferencia entre el faltazo de los productores y el presentismo activo de los grupos ambientalistas.

Remontar la ordenanza no será fácil. Reclamar ante la Justicia, efectuar recursos de amparo o avanzar en la modificación de los artículos más cuestionados. También existe la propuesta de postergar la aplicación de los artículos más conflictivos de la ordenanza hasta el 1° de abril del año que viene. Aunque el intendente de Ramallo entiende las inconsistencias de la ordenanza recién promulgada, le sería imposible vetarla por el hecho de haberse aprobado por unanimidad.

Los pedidos de sesiones extraordinarias se multiplican mientras se caldea el humor de los productores de Ramallo que sin previo aviso pasaron desde marzo a ser orgánicos. Entre los considerandos de la ordenanza se establecen las ventajas de este tipo de producción, válida en la medida que no sea una elección forzosa. Dice: «La agricultura orgánica es una alternativa de producción para aquellos predios cuyas producciones son lindantes con el área urbana y complementaria». Y agrega: «El consumo de productos orgánicos crece en el mundo de la mano de la creciente preocupación de los consumidores por acceder a productos saludables».

«¿Quién va a sembrar la soja, el maíz o el trigo con la limitación de atender los cultivos sólo con los agroquímicos de banda verde Clase lV, entre los que, por ejemplo, no entran los piretroides?» «Nadie», se respondía un productor indignado de Coninagro.

Ramallo no está solo en dictar sus propias reglamentaciones en el uso de agroquímicos. Acompaña entre otras a Luján, San Antonio de Areco y Pergamino, en una especie de efecto contagio. La tendencia es clara: ante la ausencia de una legislación provincial y nacional, los municipios rurales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe toman la iniciativa de dictar sus propias normas. Si lo que viene no es el caos productivo, por lo menos, se le parece bastante.

La agricultura argentina no está sólo jaqueada por una inaudita presión impositiva, la volatilidad de los mercados mundiales, la política de restricción a las exportaciones o imponderables como el reciente paro de los aceiteros que complica financieramente a los productores para afrontar el pago de las tarjetas rurales. Se agregan ahora las regulaciones que puedan imponer las municipalidades. Un consejo: señor agricultor, conozca mejor a los concejales de su pueblo o ciudad rural y no deje de asistir a las audiencias públicas del Concejo Deliberante cuando debatan su destino productivo.

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